Personas Jurídicas y Gobierno Corporativo

El Código Penal contiene en su parte general las disposiciones legales que brindan la orientación dogmática del texto y fijan los límites del ejercicio del poder punitivo del Estado. Uno de los temas regulados atañe a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Históricamente se ha sostenido que las personas jurídicas no pueden cometer delitos (societas delinquere non potest), pero aún cuando no pueden aplicarse a las personas jurídicas los mismos preceptos dogmáticos que a las personas naturales, la realidad imperante en el mundo, producto de la globalización y el crecimiento de las grandes corporaciones, ha obligado a tomar acciones para combatir la delincuencia que proviene de grupos económicos locales o transnacionales. 

Por tal razón el Derecho Penal ha adoptado un nuevo enfoque, ya que para ser más efectivo en el control de la criminalidad requiere atender el fenómeno delictivo tanto en su perspectiva individual, como en la colectiva.  Esto da lugar a que así como se ha reconocido la capacidad de las personas jurídicas para intervenir en el proceso penal en calidad de víctimas, ahora se les exija responsabilidad penal cuando se conviertan en el instrumento idóneo para materializar un hecho punible. 

     

Conforme al artículo 51 del Código Penal esta responsabilidad es extensiva a aquellas situaciones en las que una persona jurídica haya sido creada o utilizada para cometer delitos. Como condición adicional para la declaratoria de responsabilidad, se establecía que la organización tenía que haber resultado beneficiada en virtud del ilícito cometido, lo cual se eliminó con la reforma de la Ley 10 de 2015, es decir, que en la actualidad puede haber responsabilidad penal de la persona jurídica aun cuando no haya beneficio para esta.

Por ser una constante en nuestro país que el ejercicio de la actividad comercial se da a través de distintos tipos de sociedades, particularmente las anónimas, es importante que las empresas adopten normas de buen gobierno corporativo, en el entendido de que la entidad jurídica desde su creación se separa del ser humano, adquiriendo su propia personería y sus órganos de administración que deben operar bajo directrices que permitan una adecuada distribución de responsabilidades y verificación de su cumplimiento, así como de reglas éticas de conducta aplicables a todos sus colaboradores.

La experiencia panameña en materia de fraudes corporativos demuestra que la ausencia o deficiencia de mecanismos de control interno se convierte en un resquicio que invita a la infracción de la norma penal e impide prevenir la comisión de delitos o no detectarlos de manera oportuna. Con las sanciones que establece el Código Penal, se pretende que en atención a la gravedad del delito, y, en ocasiones, al perjuicio ocasionado y el beneficio obtenido, las personas jurídicas puedan padecer las consecuencias haber sido instrumentos del delito. 

Lo anterior permitirá mayor efectividad en la lucha contra actos delictivos, entre estos, los delitos contra el orden económico como el blanqueo de capitales, en cuya ejecución no en pocas ocasiones las sociedades son pieza fundamental del engranaje criminal, pero a la vez debe motivar un mayor control administrativo en el ejercicio de las actividades comerciales.